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La Asamblea en Defensa de la Senda Costera suscribe las consideraciones remitidas por el Defensor del Pueblo sobre el proceder de las administraciones

 

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Uno de los integrantes de la Asamblea en Defensa de la Senda Costera y Costa Norte de Santander ha recibido contestación por parte del Defensor del Pueblo a la queja presentada por las obras excesivas en el proyecto de la Senda Costera que va desde el Faro de Cabo Mayor hasta la Virgen del Mar y el deterioro medioambiental, en muchos casos irreversible, que ha sufrido la única zona virgen que queda en la capital cántabra. La Asamblea agradece la labor de análisis e investigación que ha realizado el Defensor del Pueblo en un ejercicio por esclarecer lo sucedido en este proyecto costero y buscar cuáles son las competencias y responsabilidades de las distintas instituciones que han intervenido en este proceso: ministerio de Agricultura del Gobierno de España, consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, y Ayuntamiento de Santander.

 

Tal y como ya ha expresado la Asamblea, en la carta se dice que el proyecto de la Senda Costera fue aprobado por la dirección general de Costas, el 23 de febrero de 2004. El proyecto se presentó a información pública ciudadana y de las administraciones públicas. En respuesta, la consejería de Medio Ambiente propuso mejoras ambientales en el proyecto, por otra parte, la consejería de Presidencia admitió su legalidad porque se adaptaba al Plan de Ordenación del Litoral para el sector Cabo Mayor-Liencres. El Ayuntamiento de Santander había indicado que la obra estaba excluida de licencia municipal y del pago de tasas. En cuanto, a la necesidad de redactar un informe de impacto ambiental, el magrama no lo consideró en 2004 obligatorio, según la normativa vigente. Finalmente, la aprobación definitiva del proyecto se hizo efectiva en febrero del 2009.

 

En las informaciones remitidas por el Defensor del Pueblo, se añaden las consideraciones de la consejería de Medio Ambiente, que asegura haber cursado una visita de inspección de obras, en la que llega a conclusiones como que al haberse realizado las obras parcialmente, consecuencia de su paralización, no se puede verificar el resultado final. La Asamblea se queda estupefacta con esta afirmación, puesto que los daños son más que evidentes sin haber llegado a finalizarse las obras. La citada consejería ha asegurado también que la senda está parcialmente balizada y las pasarelas de madera conforme a lo indicado en el Estudio de Alternativas y se considera adecuada esta solución. Seguidamente, añade que las pasarelas están ligeramente elevadas y son anchas, así que generan cierto impacto en el paisaje. Asimismo, advierte que en el Puente del Diablo se ha colocado una estructura de madera que genera gran impacto ambiental y ha recordado que en el Estudio de Alternativas se preveía mantener el trazado con traviesas de madera para salvar las zonas de pendiente, y no lo que se ha ejecutado al final.

 

En cuanto a lo contemplado en los puntos para mejorar la seguridad del peatón, la consejería ha señalado que lo contemplado era instalar una valla de protección, pero que la solución final ha sido una valla de protección continua que afecta a muchas zonas, además los postes generan un gran impacto ambiental, porque están muy próximos entre sí y además llevan tres traviesas horizontales.

 

Por otro lado, el Ayuntamiento de Santander ha informado al Defensor del Pueblo de que el 31 de enero de 2006, se aprobó un Convenio de Encomienda de Gestión por la dirección general de Costas al Ayuntamiento de Santander para la tramitación de las expropiaciones que afectarán a las obras de la Senda Costera. Respecto a este punto, la Asamblea cree que el Ayuntamiento no puede seguir con su inacción y continuar con el discurso de que no es responsable de lo ocurrido en la senda litoral, ya que recibió copia del proyecto y jugó un papel importante con las expropiaciones. El consistorio debería haber estudiado el proyecto de la Senda Costera con especial rigurosidad, porque afectaba a sus ciudadanos y a la única zona virgen de la capital.

 

Con todo, el ministerio de Agricultura licitó las obras para la ejecución en julio de 2013, y los trabajos se empezaron en febrero de 2014. En consecuencia, el movimiento popular se alzó para denunciar unas obras excesivas, llegando a resultar criminales para el entorno litoral que va desde el Faro de Cabo Mayor hasta la Virgen del Mar. Un proyecto que pretendía alteraciones mínimas en el paisaje ha desembocado en una barbarie medioambiental. Muchas de las acciones llevadas a cabo ya son irreversibles, puesto que se han partido rocas y zonas de acantilado. No obstante, la Asamblea opina que aún quedan muchas zonas que se pueden solucionar. Otra de las cosas más importantes para esta Asociación es impedir la creación de un campo de golf y más estructuras previstas en el proyecto denominado Parque litoral Norte. La Asamblea asegura que irá a Bruselas si es necesario para impedir ultrajar esta zona de Santander.

 

En el final de la carta que remite el Defensor del Pueblo, el mismo, añade unas consideraciones sobre como se ha desarrollado el proceso del proyecto de la Senda Costera y que esta Asociación suscribe al 100%. El Defensor indica lo siguiente:

 

“1ª Que el proyecto no estuviera sometido a la evaluación de impacto ambiental reglada no excluye la realización de un análisis del impacto del proyecto en el entorno, especialmente en una zona agreste de alto valor paisajístico, como se explica en el Estudio de Alternativas. El artículo 42 de la Ley de Costas prevé que cuando las actividades proyectadas pudieran producir una alteración importante del dominio público marítimo-terreste se requerirá una previa evaluación de sus efectos sobre el mismo y el artículo 44 de esa misma Ley exige que los proyectos prevean la adaptación de las obras al entorno en que se encuentren situadas, lo cual es expresión del deber de los poderes públicos en sus respectivos ámbitos competenciales, de velar por la conservación de los recursos naturales de valor paisajístico los cuales integran el patrimonio natural (artículo 2, 3 y 5 de la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad).

 

El principio de mínima intervención de las actuaciones se recoge, de forma más concreta, en el artículo 11 del Plan Especial de la Red de Sendas y Caminos del Litoral de Cantabria (Decreto 51/2010, de 26 de agosto). Según este artículo, de acuerdo con el criterio de preservación de las condiciones de naturalidad del litoral de Cantabria, las actuaciones en la red de sendas y caminos del litoral se limitarán a las estrictamente necesarias de conformidad con las características del entorno en que se ubican. A tal efecto, las obras proyectadas deberán respetar y armonizar de forma adecuada con el medio natural donde se emplacen, debiéndose recoger en los proyectos medidas de integración y restauración de los senderos y el entorno asociado en el ámbito del proyecto. La Consejería puede plantear estas cuestiones a la Dirección General para su oportuna valoración, ahora que está estudiando la cuestión, y asegurarse de que las obras se realicen con el mínimo impacto paisajístico y manteniendo los principales atractivos del recorrido: su naturalidad, el paisaje diáfano, continuidad de los prados con el mar sin obstáculos innecesarios, etcétera. Especialmente, si se tiene en cuenta que la Consejería valora determinadas actuaciones podrían realizarse con menor impacto paisajístico.

 

2ª No se proporciona información acerca de si se trata de una obra de interés general (artículo 111 de la Ley de Costas) o si el proyecto y la ejecución de las obras por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente responde a otra causa (por ejemplo un convenio de colaboración con la Consejería o el Ayuntamiento). Tampoco se informa sobre el coste del proyecto, que los ciudadanos califican como desproporcionado […]”.